La audiencia se realizó de forma presencial este jueves en el Foro Penal de Cipolletti. Allí estuvieron presentes los cinco imputados: el presidente del Concejo Deliberante, dos ex concejales, el ex secretario de Gobierno y una particular. La Defensa Pública asistió a tres de ellos, mientras que otros dos estuvieron representados por sus abogados particulares.

Al iniciar la reunión, el Fiscal Jefe explicó la mecánica del delito que se investiga, calificado penalmente como defraudación contra la administración pública agravada por ser cometido por funcionarios públicos, responsables a título de coautores.

Según la acusación, en septiembre de 2024, el presidente del Concejo junto con tres concejales, uno de ellos en ese momento ejerciendo como secretario de Gobierno y Hacienda del municipio, iniciaron la ejecución de un acto defraudatorio con la adquisición de 14 lotes que tendrían como destino la construcción del edificio correspondiente a la Escuela Primaria Nº 300 de la localidad de San Isidro. El valor pagado por el predio fue de 204 millones de pesos, unos 165.182 dólares en ese momento.

La supuesta dueña vendió los lotes al Municipio como propios cuando contaba únicamente con un boleto de compraventa como primera maniobra defraudatoria, pero además los vendió subdivididos, cuando en realidad estaban registrados como un lote único.

El fiscal detalló que la adquisición no fue tratada en el Concejo Deliberante como impone la Carta Orgánica, es decir, no fue debatida, ni votada por el órgano. Tampoco se lo declaró de utilidad pública. La compra se hizo sin tasación previa y sin informes de dominio, y se pagaron 204 millones de pesos.

Se investiga un posible lucro indebido a favor de la supuesta vendedora, quien propició la situación social cortando la ruta en reclamo de un terreno para la construcción de la escuela, instalándose como vocera del grupo de padres y luego prometiendo la venta de un predio sobrevalorado en precio, generando un perjuicio para el municipio.

La Fiscalía informó que el inmueble considerado como un solo bloque tiene un valor de 28 mil dólares, y si se tomara de forma subdividida en 14 lotes, el valor sería de 96.400 dólares, por lo que el perjuicio económico para el Municipio sería de 137.182 dólares tomando como referencia el primer caso o de 68.782 dólares teniendo en cuenta la subdivisión.

La investigación inició luego de la denuncia realizada en Fiscalía por dos concejales, quienes advirtieron un manejo irregular por parte de las autoridades en la adquisición del predio.

Los dos abogados particulares y el defensor oficial objetaron la acusación. Coincidieron en que no se trató de una maniobra defraudatoria y que no hay pruebas suficientes, argumentando en el caso de los concejales que ellos no tienen manejo de las arcas públicas.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías explicó que se cumplió con los requisitos de ley para aceptar la formulación de cargos tal como lo solicitó el Ministerio Público Fiscal y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.