MINISTERIO PÚBLICO FISCAL / GENERAL ROCA
Techo Digno: definen acusación contra dos empresarios
|
|
|
Hoy se desarrolló en General Roca una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal reformuló los cargos contra dos empresarios de la construcción en el marco del legajo que investiga presuntas irregularidades cometidas en el programa Techo Digno en la localidad de Cervantes.
Esta nueva instancia de reformulación surge a partir de los resultados de las pericias contables requeridas por la acusación a la Unidad de Análisis Contable, Económico y Financiero del Ministerio Público (UACEF), sumando nuevas entrevistas e información que emana de la investigación. En función de ello, la fiscalía completó hoy la acusación.
De esta manera, el equipo fiscal solicitó al juez de Garantías interviniente que tenga por formulados los cargos por ser ambos empresarios partícipes necesarios de “defraudación a la administración pública”, según los artículos 174 inciso 5°, en función del artículo 173 inciso 7°, y 45 del Código Penal.
El abogado particular como el defensor penal público, Miguel Salomón, que asisten a los imputados manifestaron su oposición a la reformulación de cargos y fue Salomón que recusó al juez de Garantías interviniente, ya que según esa parte no puede intervenir el mismo juez que estuvo en el abreviado.
Finalmente, el magistrado, tras escuchar la oposición de la fiscalía a todos los planteos esgrimidos por las defensas, estableció que frente a la recusación solicitará a la Oficina Judicial una nueva audiencia para que se resuelva ese punto.
Imputación en el marco del ACU 1922/2014
La acusación pública expresó de manera acabada cómo fue la "participación necesaria de ambos empresarios en la maniobra delictiva. Es así que uno de los empresariosse le señaló haber violado las condiones de los pliegos de bases y condiciones en el marco del ACU 1922/2014 del Programa Techo Digno”, señaló la fiscal jefe Graciela Echegaray.
Esto habría sucedido en el hecho cometido por el intendente Gilberto Montanaro en la ciudad de Cervantes, entre el 15 de diciembre de 2011 y el 9 de diciembre de 2015; y luego como Secretario de Gobierno y Producción, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, en el marco de la licitación 03/2014 “48 viviendas e infraestructura” del Programa Federal Techo digno en la ciudad de Cervantes.
Mientras que el hecho atribuido al otro representante constructor ocurrió en el mismo plazo mencionado arriba, pero en el marco de la construcción de “44 viviendas e infraestructura” también de Techo Digno para la misma localidad.
“Lo que significa que el ingeniero como el otro empresario percibieron un lucro indebido, que generó un beneficio patrimonial para sus empresas y como contrapartida un perjuicio al erario público municipal”, explicó la fiscal adjunta Mónica García.
Cabe recordar que el 27 de de abril pasado Gilberto Montanaro reconoció haber cometido los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso y aceptó una pena de tres años de ejecución condicional con el cumplimiento de reglas de conducta. “En ese acuerdo, el ex intendente dice que recibió dinero de más y que le dio de más a los empresarios”, aclaró la fiscalía. (Ver la gacetilla aquí)
Cabe aclarar que el otro empresario imputado, Longinos Pacifico De Dios presentó un certificado médico que le imposibilita asistir a las audiencias, por esa razón se ha avanzado con la acusación sobre estos dos hombres.
Techo Digno: definen acusación contra dos empresarios
|
|
|
Hoy se desarrolló en General Roca una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal reformuló los cargos contra dos empresarios de la construcción en el marco del legajo que investiga presuntas irregularidades cometidas en el programa Techo Digno en la localidad de Cervantes.
Esta nueva instancia de reformulación surge a partir de los resultados de las pericias contables requeridas por la acusación a la Unidad de Análisis Contable, Económico y Financiero del Ministerio Público (UACEF), sumando nuevas entrevistas e información que emana de la investigación. En función de ello, la fiscalía completó hoy la acusación.
De esta manera, el equipo fiscal solicitó al juez de Garantías interviniente que tenga por formulados los cargos por ser ambos empresarios partícipes necesarios de “defraudación a la administración pública”, según los artículos 174 inciso 5°, en función del artículo 173 inciso 7°, y 45 del Código Penal.
El abogado particular como el defensor penal público, Miguel Salomón, que asisten a los imputados manifestaron su oposición a la reformulación de cargos y fue Salomón que recusó al juez de Garantías interviniente, ya que según esa parte no puede intervenir el mismo juez que estuvo en el abreviado.
Finalmente, el magistrado, tras escuchar la oposición de la fiscalía a todos los planteos esgrimidos por las defensas, estableció que frente a la recusación solicitará a la Oficina Judicial una nueva audiencia para que se resuelva ese punto.
Imputación en el marco del ACU 1922/2014
La acusación pública expresó de manera acabada cómo fue la "participación necesaria de ambos empresarios en la maniobra delictiva. Es así que uno de los empresariosse le señaló haber violado las condiones de los pliegos de bases y condiciones en el marco del ACU 1922/2014 del Programa Techo Digno”, señaló la fiscal jefe Graciela Echegaray.
Esto habría sucedido en el hecho cometido por el intendente Gilberto Montanaro en la ciudad de Cervantes, entre el 15 de diciembre de 2011 y el 9 de diciembre de 2015; y luego como Secretario de Gobierno y Producción, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, en el marco de la licitación 03/2014 “48 viviendas e infraestructura” del Programa Federal Techo digno en la ciudad de Cervantes.
Mientras que el hecho atribuido al otro representante constructor ocurrió en el mismo plazo mencionado arriba, pero en el marco de la construcción de “44 viviendas e infraestructura” también de Techo Digno para la misma localidad.
“Lo que significa que el ingeniero como el otro empresario percibieron un lucro indebido, que generó un beneficio patrimonial para sus empresas y como contrapartida un perjuicio al erario público municipal”, explicó la fiscal adjunta Mónica García.
Cabe recordar que el 27 de de abril pasado Gilberto Montanaro reconoció haber cometido los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso y aceptó una pena de tres años de ejecución condicional con el cumplimiento de reglas de conducta. “En ese acuerdo, el ex intendente dice que recibió dinero de más y que le dio de más a los empresarios”, aclaró la fiscalía. (Ver la gacetilla aquí)
Cabe aclarar que el otro empresario imputado, Longinos Pacifico De Dios presentó un certificado médico que le imposibilita asistir a las audiencias, por esa razón se ha avanzado con la acusación sobre estos dos hombres.
