La audiencia se realizó este lunes en el Foro Penal de Cipolletti y estuvo a cargo del fiscal de turno Diego Vázquez, junto con la fiscal adjunta Natalia Poblete y el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna. El hecho fue el ocurrido en un sector del barrio Managua (Villarino) sobre calle Jorge Newbery al 1800, el viernes pasado. La calificación penal fue de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso ideal con portación de arma de fuego de guerra, siendo responsable a título de autor. 

Según explicó la parte acusadora, alrededor de la 01:10 horas, el acusado junto a otra persona no identificada hasta el momento, acordaron y dividieron tareas previamente y se dirigieron hasta el lugar del hecho a bordo de una motocicleta.

Mientras la persona no identificada conducía el vehículo, el imputado iba de acompañante. En esas circunstancias se dirigieron hasta la esquina de las calles Jorge Newbery y Antonio Turrín. El sospechoso desciende y avanza unos metros sobre Jorge Newbery hasta una zona con un fogón donde se encontraba un grupo de personas incluida la víctima, extrae un arma de fuego de guerra la cual portaba sin la debida autorización legal y disparó temerariamente.

Según los informes, fueron al menos 15 disparos los realizados, aproximadamente un tambor, para luego darse a la fuga en la motocicleta que lo esperaba. 

Como consecuencia del ataque, uno de los disparos impactó en la región occipital de la cabeza de Agustín Flores, de 20 años, lesión que le causó la muerte. 

Nota vinculada: Diversos allanamientos y un detenido por el homicidio de un joven en el barrio Villarino

En el sustento probatorio mencionado por el fiscal, detalló las entrevistas realizadas a cinco personas que fueron testigos presenciales del ataque, al personal policial que trabajó en el procedimiento y que informó sobre un conflicto previo originado en un local bailable. También se realizaron diversos allanamientos con resultados positivos.

La fiscalía sumó un pedido de autorización para la apertura de un teléfono celular que, si bien no estaba inscripto bajo la propiedad del imputado, lo utilizaría para contactarse a través de redes sociales. La solicitud es para analizar los chats de redes sociales y aplicaciones, solo por cuestiones vinculadas con el hecho. 

Añadió el pedido de prisión preventiva fundado en el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación, dado que aún restan medidas de prueba a realizar y entrevistas. 

El defensor oficial, Marcelo Caraballo, no cuestionó el hecho ni la calificación legal, como así tampoco la medida cautelar. Sobre la apertura del teléfono celular, informó que su defendido aportaría la contraseña para el desbloqueo del dispositivo, indicando que la información que resulte podría ser tomada también para la teoría del caso de la defensa. 

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la prisión preventiva en los términos que lo solicitó la Fiscalía y autorizó la apertura del dispositivo, tarea que realizará el personal de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITEL) con sede en Viedma.