Según la acusación fiscal se trata de 21 hechos que habrían sucedido entre noviembre de 2021 y julio de 2023, en modalidades similares cuando “la hoy imputada - acompañante terapéutica - un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en psicología y, quienes integraban el equipo de profesionales a cargo del lugar, en connivencia con la presidente del establecimiento y su socio, habrían defraudado a la Obra Social I.Pro.S.S”.

“De esta manera, los tres profesionales habrían falsificado historias clínicas, planillas de asistencia, inclusiones ficticias de pacientes ambulatorios en la modalidad especial denominada Hospital de Día, cuyas contraprestaciones facturadas y pagadas por la Obra Social Ipross a San Cirano S.A. no fueron efectivamente brindadas a los afiliados”, describió la fiscal adjunta Gimena Ducca.

“Además, esos servicios fueron por un monto superior por tratarse de un módulo diferenciado y específico”, agregó el equipo fiscal.

“Es asi que con la complicidad del médico clínico y psiquiatra, la licenciada en psicología y la acompañante terapéutica, que completaban, firmaban y remitían a la administración de San Cirano S.A. los listados de pacientes y la documentación necesaria para generar las facturas mensuales. Eso finalmente era también firmado y luego remitido por la presidente de Valle Sereno al Departamento de Rendiciones Médicas y Sanatoriales del Ipross”, detalló la fiscalía.

“Así la obra social provincial creaba los expedientes de pago de la facturación emitida por San Cirano S.A., que elevaba a la Secretaría General Administrativa del Ipross, que luego aprobaba y efectivizaba el pago al establecimiento prestador”, dijeron las representantes del Ministerio Público Fiscal.

“Esta operatoria pudo concretarse por un Convenio celebrado entre Ipross y Valle Sereno, en el que el establecimiento se comprometía a brindar a los afiliados las prestaciones de modulos de internación, módulos de internación especial, módulo hospital de día y módulo reinserción socio productiva, como también asumía la total responsabilidad por la operación y administración de los servicios que se comprometía a brindar”, finalizó la acusación.

La calificación legal por la cual quedó imputada la acompañante terapéutica es la ser partícipe necesaria de “estafas reiteradas agravada por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública”. (Accedé a la anterior imputación)

Entre el sustento probatorio mencionado para la imputación de hoy se encuentra: la denuncia penal radicada en mayo de 2024 por la obra social en la Fiscalía General, expediente administrativo de Ipross y el establecimiento sobre la investigación inicial, sobre facturaciones, resoluciones del convenio prestacional.

Se agregó el Informe Técnico Contable confeccionado por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal del Ministerio Público, también las órdenes de pago emitidas por la obra social a los bancos donde recibían los cobros.

El informe de la O.I.Tel como de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se cuenta con la habilitación del establecimiento ante el Ministerio de Salud de Río Negro in, el informe de mismo ministerio en cuanto a los profesionales que se desempeñaron en la institución entre noviembre del año 2021 y diciembre de 2023, y las entrevistas realizadas en la fiscalía interviniente.

El defensor penal público, Juan Pablo Chirinos, que asiste a la señora no presentó objeciones a la formulación de cargos, y aclaró que ya se ha solicitado una pericia caligráfica.

Finalmente, el juez de Garantías interviniente tuvo por imputados los cargos en los términos del Ministerio Público Fiscal y se estableció la etapa de investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.