La decisión se tomó durante una audiencia virtual en la que el fiscal Diego Vázquez solicitó la extensión de la medida debido a que el plazo original vencía el próximo 18 de julio. La defensora oficial Silvana Ayenao coincidió en que la continuidad de la modalidad es razonable y necesaria, por lo que la resolución se dictó sin controversias entre las partes.

El proceso judicial comenzó en octubre de 2025, cuando la fiscalía le formuló cargos al joven como presunto autor de tres hechos delictivos cometidos en distintos barrios de la ciudad. Las calificaciones legales provisorias que enfrenta son robo agravado por escalamiento, hurto agravado por el uso de llave verdadera y de vehículo dejado en la vía pública, y hurto simple en concurso real con violación de domicilio.

Según la acusación, el primero de los hechos ocurrió la madrugada del 10 de octubre de 2025, cuando el acusado saltó un portón y rompió la puerta de una casa del barrio Don Bosco para llevarse tecnología y llaves mientras una mujer y sus hijos dormían. La noche siguiente, el joven sustrajo una mochila por la ventana de otra vivienda y usó las llaves halladas para robar un auto Fiat Palio estacionado en la calle.

El tercer hecho bajo investigación ocurrió más tarde en el barrio Las Calandrias, lugar donde el imputado ingresó a una vivienda y se llevó diversos dispositivos tecnológicos sin ejercer violencia.

La fiscalía logró la individualización del acusado gracias a un trabajo en conjunto con la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística, sumado al aporte de testigos y al análisis de cámaras de seguridad públicas.

En la primera audiencia del caso, el fiscal justificó el pedido de prisión preventiva basándose en los antecedentes penales del joven y en el riesgo de que entorpeciera la investigación.

Semanas después, la jueza de Garantías Agustina Bagniole autorizó morigerar la detención para facilitar el traslado del imputado al centro asistencial del Alto Valle, donde permanece alojado bajo supervisión.