MINISTERIO PÚBLICO FISCAL / VIEDMA
Prisión preventiva para una mujer que estaba prófuga tras quitarse la tobillera electrónica
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La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de una mujer que permanecía prófuga tras quitarse el dispositivo de rastreo satelital que controlaba sus movimientos. Está imputada en un legajo que investiga presuntas lesiones y amenazas a una vecina.
La imputada se encontraba bajo investigación desde mayo por un hecho de violencia vecinal, donde la fiscalía le formuló cargos como autora de lesiones leves y amenazas tras agredir con un ladrillazo a una vecina y amenazar con incendiar su vivienda. En esa oportunidad se dispuso una investigación de cuatro meses y se ordenó como medida de control el uso obligatorio de una tobillera georreferencial con GPS para monitorear su ubicación.
La orden judicial inicial imponía a la mujer obligaciones estrictas para el mantenimiento del dispositivo de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME), bajo apercibimiento de revocar el beneficio. Sin embargo, entre el 12 de junio y el 14 de julio de 2026, la acusada se quitó el equipo y se dio a la fuga, permaneciendo con paradero desconocido durante un mes.
La detención de la prófuga se produjo finalmente este martes, luego de que personal de la Policía de Río Negro lograra identificarla y capturarla en la vía pública. Al momento del arresto la mujer ya no contaba con el rastreador, lo que según detalló la fiscal Mariana Giammona, constituyó una desobediencia judicial directa.
En la audiencia, Giammona argumentó que la conducta de la imputada demostró su nula voluntad de someterse al proceso judicial, justificando la revocación de la medida cautelar morigerada.
Por su parte, la defensora oficial María Paz Álvarez, no cuestionó la necesidad de modificar la medida de control, pero solicitó una prisión domiciliaria argumentando la falta de cupo en los complejos penales de la provincia.
Tras escuchar los fundamentos de ambas integrantes del Ministerio Público, el juez de Garantías Guillermo Martín González Sacco rechazó la petición de la defensa y ordenó la prisión preventiva de la acusada en un establecimiento carcelario por el plazo de un mes. El magistrado consideró que la mujer no reúne las condiciones para cumplir una modalidad domiciliaria, dado que ya había vulnerado previamente la confianza de la justicia.
Prisión preventiva para una mujer que estaba prófuga tras quitarse la tobillera electrónica
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La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de una mujer que permanecía prófuga tras quitarse el dispositivo de rastreo satelital que controlaba sus movimientos. Está imputada en un legajo que investiga presuntas lesiones y amenazas a una vecina.
La imputada se encontraba bajo investigación desde mayo por un hecho de violencia vecinal, donde la fiscalía le formuló cargos como autora de lesiones leves y amenazas tras agredir con un ladrillazo a una vecina y amenazar con incendiar su vivienda. En esa oportunidad se dispuso una investigación de cuatro meses y se ordenó como medida de control el uso obligatorio de una tobillera georreferencial con GPS para monitorear su ubicación.
La orden judicial inicial imponía a la mujer obligaciones estrictas para el mantenimiento del dispositivo de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME), bajo apercibimiento de revocar el beneficio. Sin embargo, entre el 12 de junio y el 14 de julio de 2026, la acusada se quitó el equipo y se dio a la fuga, permaneciendo con paradero desconocido durante un mes.
La detención de la prófuga se produjo finalmente este martes, luego de que personal de la Policía de Río Negro lograra identificarla y capturarla en la vía pública. Al momento del arresto la mujer ya no contaba con el rastreador, lo que según detalló la fiscal Mariana Giammona, constituyó una desobediencia judicial directa.
En la audiencia, Giammona argumentó que la conducta de la imputada demostró su nula voluntad de someterse al proceso judicial, justificando la revocación de la medida cautelar morigerada.
Por su parte, la defensora oficial María Paz Álvarez, no cuestionó la necesidad de modificar la medida de control, pero solicitó una prisión domiciliaria argumentando la falta de cupo en los complejos penales de la provincia.
Tras escuchar los fundamentos de ambas integrantes del Ministerio Público, el juez de Garantías Guillermo Martín González Sacco rechazó la petición de la defensa y ordenó la prisión preventiva de la acusada en un establecimiento carcelario por el plazo de un mes. El magistrado consideró que la mujer no reúne las condiciones para cumplir una modalidad domiciliaria, dado que ya había vulnerado previamente la confianza de la justicia.
