La fiscal Mariana Giammona explicó en la audiencia que el 28 de junio se formularon cargos por el delito de homicidio, oportunidad en la que mencionó la evidencia reunida hasta el momento a la que sumó hoy resultados de diversas medidas. Fue enfática, en este sentido, en los detalles que componen el informe realizado por un perito especializado que pertenece a la la Oficina de Investigaciones de Siniestros Ígneos con sede en Bariloche.

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Dijo que en dicho informe, elaborado por un bombero especializado que llegó desde la ciudad andina para realizar una inspección técnica exhaustiva, se descarta que el incendio se hubiera originado por una contingencia vinculada a los servicios de electricidad o gas. Luego de analizar las condiciones de la vivienda, las características del incendio, el potencial energético desarrollado, las altas temperaturas alcanzadas, la velocidad de propagación y la energía liberada durante el proceso de combustión, el especialista concluyó que no existían contingencias eléctricas en el inmueble y determinó que la mayor concentración del fuego se registró en las inmediaciones de la cama donde se encontraba la víctima, ubicando el punto de origen específicamente en el sector de los pies.

La Fiscalía señaló además que durante la inspección se detectó una mancha tornasolada compatible con residuos aceitosos o hidrocarburos, todo lo cual refuerza la hipótesis de que se trató de un hecho intencional. Agregó que aún se encuentran pendientes los resultados del análisis de esa mancha, destinado a determinar la naturaleza del elemento utilizado para iniciar el fuego.

También recordó que aún no se han recibido los resultados de los teléfonos secuestrados ni del análisis de laboratorio sobre la sustancia hallada, cuyos resultados permitirán incorporar nuevos elementos a la investigación. A toda esta evidencia pericial se suman las imágenes de cámaras de seguridad que ubican a la imputada en inmediaciones de la vivienda, los registros de llamadas al servicio de emergencias 911 y distintos testimonios. Además, se entrevistó a personas referentes que aportaron información sobre las condiciones de vulnerabilidad que presentaba la víctima, datos que se complementan con la historia clínica del Hospital Zatti. También se incorporaron testimonios de vecinas, vecinos y personas que brindaban cuidados domiciliarios, junto con otras entrevistas que permitieron ampliar la información disponible para la investigación.

"El análisis integral de toda la evidencia reunida permite mantener la hipótesis inicial respecto de la responsabilidad atribuida a la imputada, vinculándola con un conflicto previo que mantenía con la víctima, quien era su tío", enfatizó la fiscal.

Durante la audiencia también se informó sobre otras diligencias en curso, entre ellas la intervención de la Unidad Operativa y la próxima realización de una reconstrucción virtual de los hechos para finalmente requerir en base a todo ello la prórroga de la medida cautelar. En ese sentido, recordó la existencia de medidas de prohibición de acercamiento y de contacto dispuestas con anterioridad por el Juzgado de Familia, las cuales, según expuso, fueron incumplidas por la imputada, antencedente que fue incorporado como uno de los elementos para sostener la persistencia de los riesgos procesales.

En representación de la imputada, la Defensa Oficial ejercida por María Paz ALvarez se opuso al pedido de prórroga de la prisión preventiva. Sostuvo que durante la audiencia no se expusieron riesgos procesales suficientes que justificaran el mantenimiento de la medida cautelar y afirmó que la continuidad del encierro cautelar afecta el principio de inocencia. Señaló que la mujer se encuentra imputada, pero que esa circunstancia, por sí sola, no justifica la privación de la libertad.

Respecto de la prueba incorporada, la defensa indicó que el informe del Cuerpo de Bomberos es preliminar y que aún resta conocer el informe final. En ese sentido, sostuvo que el documento existente no concluye que el incendio haya sido intencional y señaló que no contempla la presencia de un santuario con velas en el interior de la vivienda, circunstancia que —según su teoría del caso— también podría constituir una hipótesis para explicar el origen del fuego. Agregó que las conclusiones expuestas por la Fiscalía resultan apresuradas.

Asimismo, sostuvo que el Ministerio Público Fiscal no acreditó la existencia de medidas de prueba que pudieran verse entorpecidas por la imputada. También rechazó la existencia de riesgo de fuga y consideró que no se expusieron argumentos suficientes para sostener esa posibilidad. Finalmente como alternativa a la prisión preventiva, la defensora informó la disponibilidad de un domicilio donde la imputada podría residir y solicitó la aplicación de medidas cautelares menos gravosas, entre ellas el monitoreo mediante un dispositivo de control satelital y la imposición de prohibiciones de acercamiento y de contacto.

Luego de escuchar a las partes, el juez de garantías interviniente, Guillermo González Sacco, dispuso la continuidad de la prisión preventiva pero únicamente por el término de un mes en que deberán agilizarse las medidas pendientes.