Un hombre imputado por tenencia ilegal de un arma de guerra deberá cumplir pautas de conducta por un año y realizar un aporte económico a la cooperadora del Hospital de Cipolletti para evitar ir a juicio. Así lo acordaron las partes tras la formulación de cargos presentada este martes por el Ministerio Público Fiscal.
La fiscal adjunta Laura Olea atribuyó al acusado el delito de tenencia de arma de guerra en calidad de autor. El hecho ocurrió el pasado 14 de febrero durante un allanamiento autorizado por la jueza Sonia Martín en un domicilio del barrio Costa Esperanza, en Las Perlas.
En el procedimiento, realizado por personal de la Subcomisaría 82, la policía secuestró en el dormitorio una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros con dos cargadores. Según la fiscalía, el imputado tenía el arma en su poder sin contar con la autorización legal ni la condición de legítimo usuario.
Tras la aceptación de los cargos, el defensor oficial Horacio Briges Doyhenard solicitó la suspensión del juicio a prueba. La medida fue posible porque la pena prevista para el delito es menor a tres años de prisión, el hombre no registra antecedentes penales y manifestó su conformidad para reparar el daño.
La jueza Martín concedió el beneficio por el plazo de un año y fijó un resarcimiento económico para el centro de salud local a pagarse en dos cuotas. Durante este período, el imputado deberá entregar el arma, fijar domicilio, no cometer nuevos delitos, presentarse a firmar cada dos meses en la comisaría de Las Perlas y evitar el consumo de alcohol y drogas en la vía pública.
Acusan a un hombre por la tenencia de un arma de guerra
Un hombre imputado por tenencia ilegal de un arma de guerra deberá cumplir pautas de conducta por un año y realizar un aporte económico a la cooperadora del Hospital de Cipolletti para evitar ir a juicio. Así lo acordaron las partes tras la formulación de cargos presentada este martes por el Ministerio Público Fiscal.
La fiscal adjunta Laura Olea atribuyó al acusado el delito de tenencia de arma de guerra en calidad de autor. El hecho ocurrió el pasado 14 de febrero durante un allanamiento autorizado por la jueza Sonia Martín en un domicilio del barrio Costa Esperanza, en Las Perlas.
En el procedimiento, realizado por personal de la Subcomisaría 82, la policía secuestró en el dormitorio una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros con dos cargadores. Según la fiscalía, el imputado tenía el arma en su poder sin contar con la autorización legal ni la condición de legítimo usuario.
Tras la aceptación de los cargos, el defensor oficial Horacio Briges Doyhenard solicitó la suspensión del juicio a prueba. La medida fue posible porque la pena prevista para el delito es menor a tres años de prisión, el hombre no registra antecedentes penales y manifestó su conformidad para reparar el daño.
La jueza Martín concedió el beneficio por el plazo de un año y fijó un resarcimiento económico para el centro de salud local a pagarse en dos cuotas. Durante este período, el imputado deberá entregar el arma, fijar domicilio, no cometer nuevos delitos, presentarse a firmar cada dos meses en la comisaría de Las Perlas y evitar el consumo de alcohol y drogas en la vía pública.







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