Según recordó la Fiscal Mariana Giammona, aproximadamente a las 3 am, las tres personas acusadas solicitaron un viaje en taxi y, antes de arribar al destino, habrían agredido físicamente al conductor, le sustrajeron sus pertenencias y provocaron daños en el vehículo. Por ese delitos se les formuló cargos e impuso, oportunamente, la prisión preventiva.

En una nueva audiencia realizada antes del venciomiento de la medida cautelar, la acusación describió las medidas probatorias realizadas desde el inicio de la investigación. Entre ellas mencionó la entrevista a la víctima, quien relató las circunstancias del hecho; la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que trabajó con el hombre y dio cuenta del temor que manifestó como consecuencia de lo sucedido; una rueda de reconocimiento realizada durante la semana pasada, en la que la víctima identificó de manera categórica a una de las personas imputadas, aunque expresó dudas respecto de las otras dos por no haber podido observarlas con claridad durante el episodio.

Asimismo, se informó que los allanamientos realizados en los domicilios de las personas imputadas permitieron el secuestro de diversos elementos, entre ellos armas de fuego que actualmente son sometidas a pericias balísticas y cuyos resultados, en principio, podrían aportar elementos para sostener la imputación y determinar con mayor precisión la calificación legal. También se llevó adelante una rueda de reconocimiento de objetos.

La representante del Ministerio Público Fiscal explicó que aún restan producir medidas de prueba relevantes, entre ellas las pericias sobre teléfonos secuestrados, el informe de balística y una pericia psicológica forense destinada a evaluar las consecuencias psíquicas que el ataque produjo en la víctima que además debe completar la reatificación de su declaración primaria garantizando que pueda hacerlo sin temores de cara a la etapa de juicio.

Sostuvo así que persisten riesgos procesales que justifican la continuidad de la prisión preventiva y agregó que la situación de vulnerabilidad de la víctima se encuentra agravada por desarrollar su actividad laboral en horario nocturno y porque, durante el hecho investigado, habría sido amenazada con armas y golpeada con una manopla. Además, hizo referencia a hechos delictivos atribuidos a algunas de las personas imputadas. Consideró que todo ello impedía que transiten medidas menos gravosas.

La defensa oficial, representada por María Paz Álvarez, analizó la situación de manera individual. Primero sí, de forma grupal señaló que las diligencias pendientes no podrían ser entorpecidas por las personas imputadas y sostuvo que la calificación vinculada al uso de arma debía analizarse a la luz de los resultados de la pericia balística, aún pendiente que determinará si las armas seceustradas son aptas para disparo. 

Respecto de una de las personas imputadas, la defensa manifestó no contar con elementos para oponerse a la prórroga de la prisión preventiva, debido a la falta de un domicilio donde pudiera cumplirse una medida alternativa, aunque informó que se trabaja en la búsqueda de un lugar para posibilitar un arresto domiciliario con monitoreo electrónico. En relación con las otras dos personas imputadas, solicitó que pudieran transitar el proceso con tobillera electrónica.

Particularmente, destacó la situación familiar de uno de los hombres que tiene a su cargo a dos hijos, uno de ellos con discapacidad motriz, ambos actualmente al cuidado de una hermana del imputado. Explicó que un informe socioambiental elaborado por la Oficina de Servicio Social de la Defensa Pública concluyó que la presencia del hombre resulta fundamental para la atención cotidiana del niño con discapacidad y que ambos menores dejaron de asistir a la escuela desde el inicio de la detención. La Fiscalía respondió que existen organismos estatales especializados para la protección integral de niñas, niños y adolescentes, por lo que esa situación no modificaba la evaluación de los riesgos procesales.

Finalmente Juan Brussino, juez de Garantías interviniente, resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y prorrogó la prisión preventiva para las tres personas imputadas al considerar que subsiste, entre otros aspectos, el riesgo de que en libertad interfieran en la declaración pendiente de la víctima. Asimismo, dispuso la intervención inmediata de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y de los organismos de protección competentes para abordar la situación de los niños involucrados.