El Ministerio Público llevó a cabo el segundo encuentro virtual sobre derecho animal y gestión de casos penales dirigido a defensores/as, adjuntos/as y personal judicial de toda la provincia. Se busca brindar herramientas prácticas para optimizar la intervención penal en casos de maltrato y crueldad hacia los animales. Un tercer encuentro estará dirigido a proteccionistas y miembros de la sociedad civil interesados en la temática.
La capacitación estuvo a cargo del especialista Ricardo Daniel Bomparola, magíster en Derecho Ambiental e integrante del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante su exposición, el profesional remarcó la importancia de considerar a los animales como seres sintientes y personas no humanas dentro de los procesos judiciales.
La actividad surgió a partir de los compromisos asumidos por el Procurador General de Río Negro Jorge Crespo con organizaciones de la sociedad civil y rescatistas de la provincia.
Esta iniciativa contempla la formación del personal judicial, la unificación de criterios de actuación para canalizar las denuncias y el fortalecimiento del trabajo conjunto con las entidades de protección animal.
En su presentación, Bomparola enfatizó que los delitos contra los animales exigen un enfoque diferenciado y una colaboración estrecha entre el sistema de justicia, la policía y los refugios. Asimismo, destacó la necesidad de exigir la reparación económica del daño para cubrir las erogaciones de alimentos, asistencia médica y mantenimiento que asumen las organizaciones protectoras.
“Tenemos que cambiar de paradigma, el derecho animal no es un caso ordinario de derecho penal. Tenemos que saber bien a quiénes estamos protegiendo y establecer vínculos con personal de la comunidad, ONGs, refugios y también miembros de la Policía, afirmó.
Agregó que “hay que remarcar la importancia también de la reparación del daño, que incluye todos los gastos que el animal requirió como alimentos, veterinarios, manutención, aseo, peluquería, entre otros, que son gastos muy costosos y que son los integrantes de las organizaciones quienes aportan esos números que son tenidos en cuenta como prueba judicial para cuantificar el perjuicio causado”.
Además, indicó que la cuestión animal tiene una relevancia muy importante para la comunidad y genera repercusiones positivas.
El ciclo de formación continuará con una tercera instancia abierta a la comunidad y a los integrantes de asociaciones protectoras de animales. Las personas interesadas podrán inscribirse para la modalidad virtual a través de la página web del Área de Capacitación del Ministerio Público.
Segundo encuentro sobre derecho animal destinado a integrantes de la Defensa Pública de Río Negro
El Ministerio Público llevó a cabo el segundo encuentro virtual sobre derecho animal y gestión de casos penales dirigido a defensores/as, adjuntos/as y personal judicial de toda la provincia. Se busca brindar herramientas prácticas para optimizar la intervención penal en casos de maltrato y crueldad hacia los animales. Un tercer encuentro estará dirigido a proteccionistas y miembros de la sociedad civil interesados en la temática.
La capacitación estuvo a cargo del especialista Ricardo Daniel Bomparola, magíster en Derecho Ambiental e integrante del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante su exposición, el profesional remarcó la importancia de considerar a los animales como seres sintientes y personas no humanas dentro de los procesos judiciales.
La actividad surgió a partir de los compromisos asumidos por el Procurador General de Río Negro Jorge Crespo con organizaciones de la sociedad civil y rescatistas de la provincia.
Esta iniciativa contempla la formación del personal judicial, la unificación de criterios de actuación para canalizar las denuncias y el fortalecimiento del trabajo conjunto con las entidades de protección animal.
En su presentación, Bomparola enfatizó que los delitos contra los animales exigen un enfoque diferenciado y una colaboración estrecha entre el sistema de justicia, la policía y los refugios. Asimismo, destacó la necesidad de exigir la reparación económica del daño para cubrir las erogaciones de alimentos, asistencia médica y mantenimiento que asumen las organizaciones protectoras.
“Tenemos que cambiar de paradigma, el derecho animal no es un caso ordinario de derecho penal. Tenemos que saber bien a quiénes estamos protegiendo y establecer vínculos con personal de la comunidad, ONGs, refugios y también miembros de la Policía, afirmó.
Agregó que “hay que remarcar la importancia también de la reparación del daño, que incluye todos los gastos que el animal requirió como alimentos, veterinarios, manutención, aseo, peluquería, entre otros, que son gastos muy costosos y que son los integrantes de las organizaciones quienes aportan esos números que son tenidos en cuenta como prueba judicial para cuantificar el perjuicio causado”.
Además, indicó que la cuestión animal tiene una relevancia muy importante para la comunidad y genera repercusiones positivas.
El ciclo de formación continuará con una tercera instancia abierta a la comunidad y a los integrantes de asociaciones protectoras de animales. Las personas interesadas podrán inscribirse para la modalidad virtual a través de la página web del Área de Capacitación del Ministerio Público.







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