Hoy se desarrolló en General Roca una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal precisó la acusación contra 11 imputados - entre ellos un menor de 16 años- en el marco del legajo que investiga una asociación ilícita que actuó en el Alto Valle.
Esta nueva instancia de reformulación surge a partir de los resultados de varias pericias, entre ellas los celulares de las personas señaladas como presuntos autores, que fueron peritados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), fortaleciendo el sustento de la acusación. Este organismo dependiente de la Procuración General proporcionó datos que permitieron ubicar a los imputados en los lugares donde cometieron los hechos. En función de ello, la fiscalía completó hoy la acusación.
De esta manera, la fiscal jefe Belén Calarco y la fiscal del caso Verónica Villarruel solicitaron al juez de Garantías Gustavo Quelín que tenga por re-formulados los cargos por ser todos integrantes de la asociación ilícita.
“Existe cierta discrepancia de incorporar al menor punible a la asociación, porque la fiscalía lo identifica como partícipe, sin que haya cometido ninguno de los 14 hechos imputados. Sin embargo, vale aclarar que la asociación ilícita es un delito autónomo porque quienes se encuentran en ella pueden realizar determinadas tareas sin participar necesariamente en los robos de las viviendas, es decir que se pueden hacer actos preparatorios para que se concreten los hechos, formando así parte de la asociación, prestando colaboración con algún tipo de tareas”, explicó el magistrado teniendo presente lo argumentado por el Ministerio Público Fiscal y objetado por las defensas.
Es así que se tuvieron por formulados los cargos de esta manera: “se trata de hechos ocurridos en un lugar no determinado con exactitud pero ubicable en General Roca, entre el 1 de octubre de 2024 hasta el 22 de diciembre de 2025, cuando los 11 imputados - entre ellos uno que aceptó su responsabilidad y cumple condena (Ver nota: Imponen pena única de 13 años de prisión a integrante de la asociación ilícita que actuó en el Alto Valle) – acordaron formar parte de una asociación ilícita para comerter ilícitos indeterminados contra la seguridad y el orden público, y la propiedad. Esto en Villa Regina, Allen, General Roca, Cipolletti y Neuquén capital, contando cada uno con pluridad y diversidad de maniobras, distribuyéndose las tareas con estabilidad y permanencia en el tiempo”, explicó la fiscalía.
Más adelante, el Ministerio Público Fiscal detalló las funciones que cada uno de los integrantes de las asociación ilícita ocupó en la misma. Y se agregaron dos hechos cometidos en Cipolletti.
Además, el equipo fiscal solicitó la prórroga de todas las medidas cautelares y del plazo de la investigacion penal preparatoria hasta el 10 de diciembre. El magistrado resolvió favorablemente, ya que hubo acuerdo entre la fiscalía y todas los abogados defensores, tanto particulares como Estela Aroca Alvarez y Juan Pablo Chirinos, representantes de la defensa penal pública.
Finalmente, y pese a la oposición de algunos de los defensores respecto de las ruedas de reconocimiento, el juez hizo lugar a la medida.
¿Cuál es la situación del resto de los acusados?
Quedaron prorrogadas las prisiones preventivas de cinco imputados y la medida cautelar de dos de ellos que se encuentran con tobillera electrónica. Otros dos imputados están en prisión preventiva en otra causa, y los dos restantes con medidas cautelares que garantizan los fines del proceso.
Al día de la fecha, diez personas mayores y una menor de edad continúan vinculadas a esta causa con formulación de cargos.
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Continúan las imputaciones en legajo por asociación ilícita
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Esta nueva instancia de reformulación surge a partir de los resultados de varias pericias, entre ellas los celulares de las personas señaladas como presuntos autores, que fueron peritados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), fortaleciendo el sustento de la acusación. Este organismo dependiente de la Procuración General proporcionó datos que permitieron ubicar a los imputados en los lugares donde cometieron los hechos. En función de ello, la fiscalía completó hoy la acusación.
De esta manera, la fiscal jefe Belén Calarco y la fiscal del caso Verónica Villarruel solicitaron al juez de Garantías Gustavo Quelín que tenga por re-formulados los cargos por ser todos integrantes de la asociación ilícita.
“Existe cierta discrepancia de incorporar al menor punible a la asociación, porque la fiscalía lo identifica como partícipe, sin que haya cometido ninguno de los 14 hechos imputados. Sin embargo, vale aclarar que la asociación ilícita es un delito autónomo porque quienes se encuentran en ella pueden realizar determinadas tareas sin participar necesariamente en los robos de las viviendas, es decir que se pueden hacer actos preparatorios para que se concreten los hechos, formando así parte de la asociación, prestando colaboración con algún tipo de tareas”, explicó el magistrado teniendo presente lo argumentado por el Ministerio Público Fiscal y objetado por las defensas.
Es así que se tuvieron por formulados los cargos de esta manera: “se trata de hechos ocurridos en un lugar no determinado con exactitud pero ubicable en General Roca, entre el 1 de octubre de 2024 hasta el 22 de diciembre de 2025, cuando los 11 imputados - entre ellos uno que aceptó su responsabilidad y cumple condena (Ver nota: Imponen pena única de 13 años de prisión a integrante de la asociación ilícita que actuó en el Alto Valle) – acordaron formar parte de una asociación ilícita para comerter ilícitos indeterminados contra la seguridad y el orden público, y la propiedad. Esto en Villa Regina, Allen, General Roca, Cipolletti y Neuquén capital, contando cada uno con pluridad y diversidad de maniobras, distribuyéndose las tareas con estabilidad y permanencia en el tiempo”, explicó la fiscalía.
Más adelante, el Ministerio Público Fiscal detalló las funciones que cada uno de los integrantes de las asociación ilícita ocupó en la misma. Y se agregaron dos hechos cometidos en Cipolletti.
Además, el equipo fiscal solicitó la prórroga de todas las medidas cautelares y del plazo de la investigacion penal preparatoria hasta el 10 de diciembre. El magistrado resolvió favorablemente, ya que hubo acuerdo entre la fiscalía y todas los abogados defensores, tanto particulares como Estela Aroca Alvarez y Juan Pablo Chirinos, representantes de la defensa penal pública.
Finalmente, y pese a la oposición de algunos de los defensores respecto de las ruedas de reconocimiento, el juez hizo lugar a la medida.
¿Cuál es la situación del resto de los acusados?
Quedaron prorrogadas las prisiones preventivas de cinco imputados y la medida cautelar de dos de ellos que se encuentran con tobillera electrónica. Otros dos imputados están en prisión preventiva en otra causa, y los dos restantes con medidas cautelares que garantizan los fines del proceso.
Al día de la fecha, diez personas mayores y una menor de edad continúan vinculadas a esta causa con formulación de cargos.
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