El Ministerio Público Fiscal imputó como coautor del delito de estafa a un joven neuquino detenido en Cipolletti cuando intentaba cobrar cuatro millones de pesos a una pareja víctima de un engaño. Los compradores habían adquirido una camioneta de alta gama y luego advirtieron que tenía pedido de secuestro por robo.
La maniobra delictiva comenzó cuando las víctimas acordaron por redes sociales la compra de una camioneta Toyota Hilux por 35 millones de pesos y entregaron un total de 23 millones entre efectivo y transferencias. Sin embargo, al realizar los trámites en el Registro Automotor de Allen descubrieron que la documentación era falsa, mientras que la Policía constató que el vehículo tenía patentes adulteradas y pedido de secuestro por un robo a mano armada en la provincia de Mendoza.
Sin saber que el fraude había quedado al descubierto, el vendedor exigió el pago de un saldo pendiente y envió al imputado a retirar el dinero a un comercio local ubicado en calle Naciones Unidas. Las víctimas alertaron a la Comisaría 24 del barrio Don Bosco sobre lo ocurrido, lo que permitió a los efectivos policiales intervenir rápidamente y detener al joven, quien se identificó con un nombre falso y afirmó haber sido contratado para el cobro a cambio de 100 mil pesos.
Durante la audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, el fiscal del caso Martín Pezzetta fundamentó el pedido de prisión preventiva en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, señalando que existían otros involucrados en la trama a quienes el acusado conocía.
Por su parte, la defensa privada cuestionó la acusación, sostuvo que no estaba demostrada la participación de su asistido en la estafa y solicitó su inmediata libertad.
Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo, dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso como medida cautelar una prohibición de acercamiento de 300 metros a las víctimas y su domicilio, impedimento total de contacto y por cualquier medio, presentaciones quincenales en la sede de la Fiscalía y la aplicación de un dispositivo de rastreo satelital.
Acusaron a un joven que intentó cobrar el dinero por la venta de una camioneta que era robada
El Ministerio Público Fiscal imputó como coautor del delito de estafa a un joven neuquino detenido en Cipolletti cuando intentaba cobrar cuatro millones de pesos a una pareja víctima de un engaño. Los compradores habían adquirido una camioneta de alta gama y luego advirtieron que tenía pedido de secuestro por robo.
La maniobra delictiva comenzó cuando las víctimas acordaron por redes sociales la compra de una camioneta Toyota Hilux por 35 millones de pesos y entregaron un total de 23 millones entre efectivo y transferencias. Sin embargo, al realizar los trámites en el Registro Automotor de Allen descubrieron que la documentación era falsa, mientras que la Policía constató que el vehículo tenía patentes adulteradas y pedido de secuestro por un robo a mano armada en la provincia de Mendoza.
Sin saber que el fraude había quedado al descubierto, el vendedor exigió el pago de un saldo pendiente y envió al imputado a retirar el dinero a un comercio local ubicado en calle Naciones Unidas. Las víctimas alertaron a la Comisaría 24 del barrio Don Bosco sobre lo ocurrido, lo que permitió a los efectivos policiales intervenir rápidamente y detener al joven, quien se identificó con un nombre falso y afirmó haber sido contratado para el cobro a cambio de 100 mil pesos.
Durante la audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, el fiscal del caso Martín Pezzetta fundamentó el pedido de prisión preventiva en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, señalando que existían otros involucrados en la trama a quienes el acusado conocía.
Por su parte, la defensa privada cuestionó la acusación, sostuvo que no estaba demostrada la participación de su asistido en la estafa y solicitó su inmediata libertad.
Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo, dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso como medida cautelar una prohibición de acercamiento de 300 metros a las víctimas y su domicilio, impedimento total de contacto y por cualquier medio, presentaciones quincenales en la sede de la Fiscalía y la aplicación de un dispositivo de rastreo satelital.







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