La fiscal del caso Sofía Ocampo relató que el episodio investigado ocurrió durante la madrugada del 12 de septiembre. Según la acusación, el hombre interceptó a la mujer en una plaza y, luego de recriminarle su intención de finalizar la relación, la llevó por la fuerza hasta su domicilio, ubicado a pocas cuadras.

Una vez allí, -de acuerdo con la hipótesis fiscal- la agredió físicamente, dañó algunas de sus pertenencias y rompió su teléfono celular. Además, le habría impedido retirarse del lugar durante varias horas, hasta que la intervención de otra persona permitió que pudiera salir. Como consecuencia de las agresiones, la mujer presentó lesiones que fueron calificadas inicialmente como leves.

La Fiscalía sostuvo que el hecho debe ser analizado en un contexto de violencia de género y encuadró provisoriamente la conducta en los delitos de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y daño, en carácter de autor.

Como sustento de la acusación se mencionaron la denuncia realizada por la víctima, el certificado médico policial, una entrevista desarrollada en sede fiscal, informes elaborados por la Oficina de Atención a la Víctima —OFAVI— y por el Cuerpo de Investigación Forense, además de distintas actuaciones del Área de Investigación Judicial.

El imputado fue asistido por la defensora pública penal Paola del Río, quien no formuló objeciones a la apertura de la investigación ni al plazo propuesto. Señaló que la defensa tuvo acceso a la evidencia reunida hasta el momento y adelantó que durante esta etapa trabajará sobre una teoría diferente de lo ocurrido.

El hombre hizo uso de su derecho a declarar y brindó una versión distinta de los hechos. La defensa indicó además que aportará testimonios y otra información que, a su criterio, resulta relevante para sostener esa hipótesis.

Luego de escuchar a las partes, se tuvieron por formulados los cargos y se habilitó la investigación preparatoria hasta el 18 de diciembre de 2026.

A continuación, la Fiscalía solicitó una medida cautelar de máxima intensidad. Fundamentó el pedido principalmente en el riesgo de entorpecimiento de la investigación y en la situación de vulnerabilidad consignada en el informe de OFAVI. También sostuvo que resultaba necesario resguardar a la denunciante y garantizar que las personas que deben prestar testimonio puedan hacerlo sin condicionamientos ni interferencias.

La defensa se opuso a la medida y propuso alternativas menos gravosas, entre ellas la prohibición de acercamiento y contacto y la utilización de monitoreo electrónico. Señaló además que el imputado se presentó voluntariamente ante la comisaría al tomar conocimiento de que era requerido y sostuvo que esa conducta permitía descartar un riesgo de fuga.

Al resolver, el juez de Garantías Juan Pablo Laurence consideró que el riesgo de fuga no había sido suficientemente acreditado. Sin embargo, tuvo por configurado el peligro de entorpecimiento, en función de la etapa inicial de la investigación, la prueba que resta producir y la necesidad de resguardar a la víctima y a quienes deberán declarar.

Por esas razones dispuso la prisión preventiva hasta el 18 de diciembre de 2026. Durante este período, las partes continuarán reuniendo evidencia para confirmar o descartar las distintas hipótesis planteadas en el legajo. La defensa dejó planteada la reserva de impugnar la medida cautelar.