El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusado de amenazar a una mujer y de acercarse posteriormente a ella, pese a que tenía prohibido hacerlo por disposición de una jueza de Familia. Se le impusieron dos meses de prisión preventiva con el objetivo de avanzar con la investigación sin riesgo de que, en libertad, pueda entorpecerla.

La fiscal Yanina Estela Pasarelli relató en la audiencia los hechos endilgados, el primero ocurrió el 6 de septiembre, durante la madrugada, cuando el imputado envió mensajes de texto a la víctima con insultos y amenazas. Ese mismo día, en horas del mediodía, volvió a comunicarse desde el mismo teléfono y reiteró las amenazas.

A partir de esta situación, el 7 de septiembre una jueza del fuero de Familia dispuso medidas cautelares que incluían la prohibición de acercamiento y de contacto. Según se expuso en la audiencia, dichas medidas fueron notificadas fehacientemente al imputado en ese momento.

No obstante, diez días más tarde, el hombre llegó hasta el domicilio de la víctima e intentó hablar con ella, pese a encontrarse vigentes las prohibiciones dispuestas judicialmente. Ante esta situación, la mujer realizó un llamado al 911 a partir del cual agentes de la Comisaría 30 concurrió al lugar concretando la detención del hombre. 

Luego de ese episodio, la mujer efectuó la denuncia penal en la que describió lo sucedido y dio cuenta también de los hechos anteriores, que hasta ese momento no habían sido objeto de ninguna presentación policial.

A partir de la denuncia, la Fiscalía tomó contacto con la víctima y pudo conocer las características del vínculo que había mantenido con el imputado, con quien tiene una hija en común. La mujer relató además diversos episodios anteriores que no había denunciado y refirió situaciones de violencia, hostigamiento y el envío constante de mensajes provenientes del mismo teléfono.

Como parte del sustento presentado para avanzar con la investigación, la Fiscal destacó también la evaluación de riesgo efectuada por la Oficina de Atención a la Víctima, cuyo resultado determinó la existencia de un riesgo alto. Explicó además que aún resta producir diversas medidas probatorias por ello pidió que se tuvieran por formulados los cargos por amenazas y desobediencia judicial y requirió también la imposición de prisión preventiva por el plazo de dos meses.

Belén Blanchet, fue la defensora pública que asesoró legalmente al hombre y si bien no formuló objeciones respecto de la apertura de la investigación penal preparatoria sí se opuso a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía.

Finalmente, Georgina Amaro, jueza de garantías interviniente, tuvo por formulados los cargos, dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria e hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, imponiendo al imputado la prisión preventiva por el término de dos meses.