Según relató el fiscal del caso, Martín Pezzetta, el hecho ocurrió en la madrugada del pasado 20 de septiembre, cuando la víctima regresó a su domicilio. El hombre se encontraba oculto en una habitación a oscuras, aprovechando la ausencia de los hijos que tienen en común. Al encender la luz, el imputado la sorprendió e inició su ataque.

Durante la agresión, el imputado arrojó a la víctima sobre la cama e intentó asfixiarla reiteradamente hasta provocarle el desvanecimiento. La mujer logró defenderse y escapar utilizando una espátula.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió múltiples hematomas, excoriaciones e inflamaciones en el rostro, cuello, mano y abdomen, que requirieron atención médica.

El fiscal explicó que, al momento de cometer el hecho, el acusado incumplía una medida cautelar dictada en febrero de este año por el Juzgado de Familia (UFP N.° 7). Dicha resolución le prohibía acercarse a menos de 500 metros de la mujer, de su domicilio y de sus lugares habituales.

La fiscalía atribuyó al detenido la autoría de los delitos de tentativa de femicidio en concurso real con violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial, según lo dispuesto por el Código Penal.

El caso cuenta con el sustento de la denuncia penal de la víctima, los informes médicos correspondientes, las actuaciones policiales de la Comisaría 45.° del barrio Anai Mapu y las certificaciones del historial de violencia previas en sede judicial.

El fiscal solicitó la prisión preventiva por el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación. Dijo que el hombre desobedeció una orden judicial que le prohibía acercarse y que el deber del Estado es resguardar a la víctima, por lo que se debe actuar con perspectiva de género.

El defensor oficial Sebastián Nolivo se opuso a la formulación de cargos indicando que se debería readecuar la calificación legal propuesta a la de lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de género. El defensor argumentó la ausencia de elementos que indiquen que su asistido haya actuado con ánimo o intención de matar.

Sobre la medida cautelar, Nolivo se opuso expresando que el acusado no se resistió al momento de la detención y que no está acreditado el riesgo procesal. Como contrapropuesta solicitó la libertad con una prohibición de acercamiento bajo vigilancia con un dispositivo de control satelital.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria. Además, sobre la medida cautelar, dictaminó cuatro meses de prisión preventiva entendiendo que no hay otra medida más efectiva para este caso.