La acusación estuvo a cargo del fiscal Martín Pezzetta y la fiscal adjunta Ivana Vassellati, quienes relataron que el primer hecho ocurrió el 13 de septiembre en una vivienda del barrio La Alameda. En el marco de un contexto de violencia de género, el hombre atacó a golpes a la mujer causándole diversas lesiones en el cuerpo que fueron constatadas posteriormente por el médico forense.

El segundo episodio tuvo lugar el 19 de septiembre en la misma propiedad. El imputado ingresó intempestivamente a la habitación donde se encontraban la víctima y su hija en común, y las amenazó con un cuchillo. Ante el peligro inminente, ambas abandonaron la vivienda para refugiarse en la casa de un familiar.

Por último, el 22 de septiembre la policía ejecutó una orden de allanamiento en el domicilio del imputado, solicitada por la Fiscalía y autorizada por el juez de Garantías. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el cuchillo utilizado en las amenazas y hallaron un arma de fabricación casera compuesta por caños y una culata de madera, la cual poseía sin la habilitación legal correspondiente.

Para sustentar la imputación, el equipo fiscal presentó la denuncia realizada por la víctima en la Comisaría de la Familia, los testimonios de la cónyuge e hija, los informes médicos del Cuerpo de Investigación Forense y el acta del registro domiciliario con las fotos de los elementos secuestrados.

El fiscal expresó que, ante la existencia de armas, que el hombre recupere la libertad en esta instancia hace al miedo de la víctima y al peligro de entorpecimiento de la investigación. “No alcanza en este caso con pautas de conducta, porque esas medidas son insuficientes para cautelar este proceso”, expresó Pezzetta.

Añadió que el hombre no cuenta con antecedentes penales computables y que, en caso de recaer condena, la pena sería de cumplimiento efectivo.

El defensor oficial Sebastián Nolivo no objetó la formulación de cargos, pero solicitó incorporar dos testimonios; uno de ellos de una testigo presencial, quien relata situaciones diferentes a las denunciadas con inexistencia del hecho de amenazas.

Además, se opuso al pedido de prisión preventiva por entender que la medida es excesiva y que no se encuentra fundada, sumado a un problema de salud que podría agravarse en caso de estar alojado en un calabozo.

Como alternativa, Nolivo propuso medidas cautelares menos gravosas con colocación de un dispositivo de control satelital.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso una prohibición de acercamiento al domicilio y a la víctima a no menos de 200 metros mientras dure la investigación, sumado al impedimento total de contacto.