El Máximo Tribunal desestimó el recurso presentado por el Defensor General de Río Negro en representación de un condenado y dejó firme la decisión que permite a los jueces verificar el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas en una pena en suspenso, incluso tras el vencimiento del plazo fijado. Con esta resolución, dio por agotada la vía de reclamo y habilitó que el Juzgado de Ejecución Penal continúe con el control del comportamiento.

El litigio judicial comenzó cuando la primera instancia archivó la causa por considerar vencido el tiempo de supervisión. Ante esto, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro apeló y logró que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial revocara ese archivo, al establecer que lo determinante es si la falta ocurrió dentro del período de prueba, sin importar si la resolución o el control judicial se ejecutan después.

Inconforme con la postura del STJ de Río Negro, la defensa del condenado acudió a la máxima instancia judicial de la Nación mediante un recurso de queja. Sin embargo, los jueces del máximo tribunal del país consideraron inadmisible el planteo y rechazaron la presentación directa.

Con el rechazo definitivo del planteo por parte de la Corte Suprema, queda plenamente ratificado el criterio del Ministerio Público Fiscal: el paso del tiempo no implica un perdón ni un cumplimiento automático para quien fue condenado de manera condicional, por lo que el Juzgado de Ejecución Penal deberá determinar formalmente si el condenado respetó o no las pautas de conducta impuestas.

Al respecto el titular de la Fiscalía de Ejecución de Cipolletti, Oscar Cid, remarcó que esta decisión imposibilita el archivo de causas cuando hay incumplimientos de las pautas ordenadas en la sentencia. Añadió que en este caso en particular había un estado de rebeldía decretado en dos oportunidades e incomparecencias a las audiencias.

“Esto modifica el criterio que existía hasta el momento donde la inacción del Estado y el incumplimiento con el simple paso del tiempo del plazo del cumplimiento, hacía fenecer la causa. Se trata de una modificación muy importante que permite que, ante incumplimientos reclamados por el Ministerio Público Fiscal, los jueces no podrán archivar las causas”, expresó.

El caso

En 2022 un Tribunal unipersonal de la Cuarta Circunscripción Judicial declaró culpables a un hombre y una mujer por el delito de usurpación de un terreno municipal en el barrio Marleta de Cinco Saltos.

La causa inició cuando la municipalidad denunció que la pareja ingresó de manera clandestina a un lote destinado a proyectos sociales, donde instaló casillas de madera y posteriormente comenzó a edificar. Frente a la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, la defensa argumentó que los condenados actuaron empujados por el desempleo, el embarazo de la mujer y la falta de alternativas habitacionales, por lo que sostuvo que el hecho no debía ser sancionado por tratarse de una emergencia extrema.

Sin embargo, tras analizar las pruebas presentadas en el juicio, el juez descartó que haya existido un estado de necesidad insuperable, al constatar que la pareja contaba con auxilio económico del municipio y que existían alternativas familiares de alojamiento que no fueron agotadas antes de cometer el delito.

La condena para la pareja fue de seis meses de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de pautas de conducta estrictas por el término de dos años que incluía la restitución del terreno al Municipio, previa mediación obligatoria.

Para mantener la libertad condicional, la pareja debía someterse al control del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL), no cometer nuevos delitos y abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas o consumir estupefacientes. El incumplimiento de cualquiera de estas reglas habilitaba la revocación de la condicionalidad de la pena pasando a ser de cumplimiento efectivo en un establecimiento penitenciario.