MINISTERIO PUBLICO FISCAL / BARILOCHE
Formularon cargos a un agente penitenciario por amenazas contra su expareja
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El Ministerio Público Fiscal atribuyó a un agente penitenciario el delito de amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego contra su expareja, en un contexto de violencia de género. El episodio ocurrió el 4 de octubre, alrededor de las 8:30 horas, en una vivienda de Bariloche.
Según la acusación presentada por el fiscal del caso Gerardo Miranda, el hombre habría amenazado de muerte a la mujer utilizando un arma particular. Ambos compartían el domicilio y se encontraban en trámite de divorcio, luego de una relación de muchos años.
La Fiscalía sustentó la imputación en la denuncia recibida en la Comisaría de la Familia, la declaración de la víctima y el informe de la Oficina de Atención a la Víctima. Este último advirtió un riesgo elevado y describió indicadores de violencia verbal, psicológica y física sostenida durante el vínculo.
La defensa no se opuso a la prohibición de acercamiento propuesta. Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Víctor Gangarrosa tuvo por formulada la acusación y fijó cuatro meses de investigación, hasta el 5 de febrero de 2027.
Como medidas de protección, dispuso la exclusión del imputado del domicilio y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la mujer y de la vivienda, así como de mantener cualquier tipo de contacto con ella. Las restricciones regirán durante el plazo de investigación.
La Fiscalía destacó que continuará con las diligencias y el acompañamiento a la víctima.
Formularon cargos a un agente penitenciario por amenazas contra su expareja
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El Ministerio Público Fiscal atribuyó a un agente penitenciario el delito de amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego contra su expareja, en un contexto de violencia de género. El episodio ocurrió el 4 de octubre, alrededor de las 8:30 horas, en una vivienda de Bariloche.
Según la acusación presentada por el fiscal del caso Gerardo Miranda, el hombre habría amenazado de muerte a la mujer utilizando un arma particular. Ambos compartían el domicilio y se encontraban en trámite de divorcio, luego de una relación de muchos años.
La Fiscalía sustentó la imputación en la denuncia recibida en la Comisaría de la Familia, la declaración de la víctima y el informe de la Oficina de Atención a la Víctima. Este último advirtió un riesgo elevado y describió indicadores de violencia verbal, psicológica y física sostenida durante el vínculo.
La defensa no se opuso a la prohibición de acercamiento propuesta. Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Víctor Gangarrosa tuvo por formulada la acusación y fijó cuatro meses de investigación, hasta el 5 de febrero de 2027.
Como medidas de protección, dispuso la exclusión del imputado del domicilio y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la mujer y de la vivienda, así como de mantener cualquier tipo de contacto con ella. Las restricciones regirán durante el plazo de investigación.
La Fiscalía destacó que continuará con las diligencias y el acompañamiento a la víctima.
