En una audiencia realizada este miércoles en el Foro Penal de Cipolletti, la fiscal adjunta Daniela Ramírez detalló que la acusación fue por el delito de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y mediando violencia de género, daños y violación de domicilio en grado de tentativa, todo ello en concurso real y en calidad de autor.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando el acusado se encontraba en la vivienda de la víctima e inició una discusión. Ante el pedido de la mujer para que se retirara del lugar, el hombre reaccionó violentamente, tomó un hacha sin filo y dañó la puerta de acceso, los ventanales, las rejas de la propiedad y varios cristales de un vehículo estacionado en el exterior.

Durante el ataque, el imputado golpeó a la víctima en la cabeza con el hacha y le provocó lesiones leves en el rostro y en una mano. Ante el aviso de una vecina a la Policía, el agresor huyó momentáneamente del lugar, lo que permitió que la víctima fuera trasladada para recibir atención médica y radicar la denuncia correspondiente.

Horas más tarde, pasada la medianoche, el imputado regresó al domicilio e intentó forzar el portón de ingreso sin autorización. Efectivos de la Comisaría 43.ª acudieron rápidamente tras un nuevo llamado de auxilio y lograron aprehender al sospechoso en el lugar mientras intentaba ingresar a la fuerza.

La investigación contó con el respaldo de la declaración de testigos y personal policial, pericias fotográficas del Gabinete de Criminalística, certificados médicos y antecedentes por denuncias previas de violencia.

Tras la formulación de cargos, realizada el 28 de septiembre pasado, se dispuso la prisión preventiva del acusado fundada en el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

La fiscal solicitó la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional con el cumplimiento de pautas de conducta, entre ellas una prohibición de acercamiento a la víctima y a su domicilio a no menos de 300 metros, impedimento de contacto por cualquier medio, fijar un domicilio y mantenerlo, no cometer nuevos delitos y someterse al control del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados.

El defensor oficial Rodrigo Martínez no presentó objeciones al hecho ni a la calificación legal. Por su lado, el imputado reconoció su responsabilidad en lo ocurrido.

El juez Marcelo Gómez, tras escuchar a las partes, homologó la resolución con firmeza inmediata dada la renuncia a los plazos procesales, sumadas las costas del proceso. Las pautas de conducta impuestas tendrán vigencia por el término de dos años. 

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